Agente de la CTE condenado por extorsión a un adolescente.
Un tribunal en Azuay ha dictado una sentencia condenatoria contra un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), identificado como Carlos O., por el delito de concusión (abuso de cargo o funciones). Este hecho se suscitó el 19 de mayo de 2023, cuando un adolescente de 17 años se vio involucrado en un incidente en el sector Las Minas de la Josefina, en el cantón Gualaceo.
El agente de tránsito, junto con dos compañeros, intervino cuando el vehículo del adolescente sufrió un desperfecto mecánico. Según los testimonios presentados en la audiencia de juicio, Carlos O. presionó al joven exigiendo una suma de dinero a cambio de no detenerlo por no tener licencia de conducir. Amenazó con llevarlo bajo custodia y exigirle el pago de una multa equivalente a tres salarios básicos.
Ante la presión del agente, el adolescente llamó a sus familiares, quienes se presentaron en el lugar. Sin embargo, Carlos O. insistió en la entrega de una suma de 200 dólares para liberar al joven. Finalmente, los padres entregaron 145 dólares y se retiraron con su hijo del lugar.
La situación fue denunciada ante las autoridades pertinentes, y agentes de la Policía acompañaron a las víctimas para identificar a los sospechosos. En el operativo, se confiscaron 413 dólares en posesión de los tres agentes de tránsito.
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A pesar de la falta de colaboración directa de las víctimas por temor a represalias, la Fiscalía logró demostrar la culpabilidad de Carlos O. basándose en pruebas como testimonios policiales, experticias documentales, análisis de audio y video, así como reconocimiento del lugar de los hechos y las evidencias incautadas.
El agente fue sentenciado conforme al artículo 281, inciso 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de concusión con privación de libertad de cinco a siete años.
Este caso resalta la importancia de la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, así como la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles actos de extorsión y coerción por parte de funcionarios públicos.
