Alcances del Bono de Desarrollo Humano y actualización del Registro Social fueron temas de análisis en la Comisión de Participación

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social y a Diana Apraes, directora del Registro Social, para analizar la política del Bono de Desarrollo Humano, las pensiones no contributivas, la protección y evolución de beneficiarios, y el proceso de actualización del Registro Social.

La legisladora Katiuska Miranda, quien solicitó estas comparecencias, se refirió a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y pensiones que tienen como base el Registro Social 2014 – 2018, a la vez que aseveró que el Ministerio de Inclusión Económica y Social debe adoptar acciones para garantizar el acceso a las transferencias monetarias de los usuarios que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza.

Explicó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en diciembre de 2016 la pobreza extrema en el Ecuador fue del 9% y en diciembre de 2021 llegó al 11%, mientras que en el Registro Social a diciembre de 2016 constan 1.644.117 ciudadanos pobres extremos, pero para diciembre de 2021 se contabilizaron 1.446.795, es decir, evidencia una disminución del 13%.

Al respecto, el ministro Esteban Bernal precisó que el objetivo de bonos y pensiones es la protección social para cubrir pisos mínimos de vulnerabilidades de personas y núcleos familiares en condición de pobreza y extrema pobreza.

Informó que el MIES incorporó el Programa de Transferencias Monetarias para quienes necesitan un bono o pensión por encontrarse en condición de pobreza o vulnerabilidad y que las personas que pertenecen a estos grupos prioritarios son adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.

Señaló que las trasferencias monetarias a los beneficiarios se las realiza a través del cruce mensual de datos y que la selección de usuarios (con excepción del Bono 1000 días) se realiza en función del Registro Social vigente, a fin de verificar el cumplimiento de las demás condiciones de habilitación a cada una de las transferencias monetarias, de conformidad con la normativa legal vigente.

De su lado, Diana Apraes, directora del Registro Social, sostuvo que en la base del registro constan 2.8 millones de familias, que representan más de 9.5 millones de personas. Explicó que constantemente realizan el levantamiento del registro social y verificación de los datos administrativos y procesos internos, lo que ha permitido lograr una mejor identificación de las poblaciones más vulnerables en el país.

En este sentido el asambleísta Carlos Falquez resaltó que es fundamental la asistencia y obra social por parte del Estado para las personas que se encuentran en condición de vulnerablidad.

Al finalizar, el legislador Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, sostuvo que estos procesos de fiscalización que realiza la mesa legislativa sirven para que la ciudadanía se sienta atendida.