Corte Nacional de Justicia y expertos se pronuncian sobre la reforma al Código Penal

El subdirector de Asesoría Jurídica de la Corte Nacional de Justicia, Sebastián Cornejo; Marcela Da Fonte, docente de la Universidad de las Américas; y, Paúl Córdova, experto en materia constitucional y penal, acudieron a la Comisión de Justicia para emitir sus propuestas en torno al proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal que recoge 39 iniciativas legislativas que apoyan la lucha contra la inseguridad.

Sebastián Cornejo recordó que el COIP data de 2014 y pese a que ha tenido varias reformas, es necesario ajustar a la realidad que vive el país. Propuso determinar los delitos que deben conocer las unidades anticorrupción, a través de un capítulo específico en el que se regule la competencia específica de estas unidades.

También propuso desarrollar la figura del comiso penal, para viabilizar, entre otros aspectos, la recuperación de bienes y capitales producto de delitos contra la administración púbica, ya que no es suficiente la pena de privación de la libertad. Hace falta corregir las falencias que se presentan en el manejo de los bienes comisados, reiteró.

El funcionario expresó que se requiere analizar los alcances del tipo penal de prevaricato en temas de garantías jurisdiccionales por concesiones de hábeas corpus y acciones de protección. Sus observaciones se refirieron también a temas como el peculado, medidas cautelares de carácter personal, entre ellas la prisión preventiva y arresto domiciliario, plazos para la indagación e instrucción fiscal, recuperación de capitales y procedimiento abreviado.

De su lado, Marcela Da Fonte, docente de la UDLA, reiteró que a partir de 2014 el COIP ha sido reformado en seis ocasiones y que, si bien el Derecho es cambiante, es importante mantener una cierta estabilidad dentro del sistema penal, por lo que es hora de pensar en reformas sólidas para evitar cambios permanentes y garantizar la seguridad jurídica.

Comentó que las reformas penales por sí solas no frenan la inseguridad y la delincuencia, pues para ello, se requiere además estrategias y políticas públicas articuladas con otros poderes del Estado y no solo desde la Asamblea Nacional.

La experta sugirió precisar cuáles serían los delitos execrables, para evitar que quede a discreción del juzgador. Expuso observaciones sobre diversos temas, entre ellos, el proceso de rehabilitación social, omisión dolosa, comisión por omisión, prescripción de la pena, penas privativas de la libertad y reparación integral.

Por último, Paúl Córdova se refirió a la reforma al COIP de marzo de 2023, sobre delincuencia organizada, fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Comentó que la aplicación del artículo 369 reformado crea inconvenientes al ejercicio profesional no solo de los abogados, sino también de otros sectores como auditores contables, por lo que sugirió revisar la norma para evitar la criminalización de los profesionales del Derecho.

El presidente de la comisión, Fernando Cedeño destacó las propuestas de los invitados, a quienes solicitó que remitan por escrito las observaciones para evaluarlas en la elaboración del informe para conocimiento del Pleno.

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