Examen especial a declaraciones patrimoniales de exfuncionarios iniciará en enero de 2024
A partir de enero de 2024 se emitirán las órdenes de trabajo para el examen especial de las declaraciones patrimoniales juradas de exfuncionarios de elección popular, entre ellos, el expresidente Guillermo Lasso Mendoza, subrayó el contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Pamela Aguirre.
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El Titular del organismo de control recordó que, en el caso de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, los exámenes especiales pueden efectuarse hasta en siete años y, en el caso de los dignatarios de elección popular, ese proceso se puede realizar hasta tres años posteriores al cese de funciones.
La mesa convocó al Contralor para que indique cuáles serán las acciones que desarrollará frente a un presunto incremento de 20 millones de dólares, entre la declaración de Guillermo Lasso al inicio de gestión y la otorgada al término de su ejercicio en la Presidencia de la República.
Mauricio Torres anunció que a partir del próximo año se aplicará inteligencia artificial para establecer en qué casos se evidencia una posible variación de los bienes patrimoniales, sea en un incremento o disminución del patrimonio y efectuar el correspondiente examen especial.
Recordó que todos los funcionarios públicos están obligados a presentar la declaración patrimonial jurada al inicio de gestión, al finalizar funciones y, cada dos años, de manera periódica. En esa declaración se deben incluir todos los activos y pasivos, considerando también los recursos que va a recibir -en el ítem cuentas por cobrar- por ejemplo, si tiene una inversión que le va a rendir una ganancia o si tiene un apartamento y lo arrienda, cuánto de ese arriendo va a recibir en un período determinado.
Crisis energética
De otro lado, en la continuación de la sesión 004, la Comisión de Fiscalización recibió a la directora de la Agencia de Regulación y Control de la Energía, Kathya Delgado Arévalo, quien indicó que el Estado mantiene una deuda con la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, por más de 934 millones de dólares, que incluye varios rubros, entre ellos, los recursos que fueron tomados por el Ministerio de Finanzas y transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
Añadió que uno de los elementos que contribuyeron a la escasa capacidad de control del sector eléctrico fue la fusión de las dos agencias de regulación y control de la Energía y de Minería con el Ministerio del ramo. “Debe haber una escisión de esta estructura institucional para recuperar la capacidad de control”, dijo.
De su lado, Marcelo Jaramillo Carrera, exviceministro, se presentó como un técnico del sector eléctrico y aseguró que durante su gestión advirtió del riesgo de falta de capacidad para generar electricidad, no solo por el estiaje, sino por la falta de mantenimiento de las termoeléctricas, muchas de las cuales ya cumplieron su vida útil, pues superan los 40 y 50 años de funcionamiento.
Añadió que en abril de 2023 ya advirtió un escenario catastrófico para el sector energético, pero no fue posible avanzar, sobre todo, en la ampliación de la capacidad instalada de generación, con la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y la repotenciación de las termoeléctricas.
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