Funcionarios del Gobierno y de la Judicatura rinden cuentas sobre la falta de insumos y pago de proveedores a las unidades de Justicia
Ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana comparecieron funcionarios del Consejo de la Judicatura y autoridades de los ministerios de Finanzas y del Interior, con la finalidad de analizar las denuncias públicas efectuadas en redes sociales y medios de comunicación por parte de servidores judiciales y usuarios de estas unidades judiciales en relación a las precarias condiciones en las que trabajan, falta de seguridad, de insumos y reducción del presupuesto.
PUBLICIDAD
La asambleísta Gissela Garzón, tras indicar que servidores judiciales denunciaron que no trabajan adecuadamente debido a las condiciones precarias en la que están las instalaciones, enfatizó en la obligación de las autoridades de dotar los medios indispensables para garantizar un servicio de calidad.
También sostuvo que es necesario garantizar la integridad física de los servidores judiciales, que tengan la debida protección y que cumplan sus tareas en un ambiente propicio y adecuado que garantice su salud, higiene y bienestar, a la vez advirtió que según la proforma presupuestaria elaborada por el Ejecutivo, el sector jurisdiccional para este año tendrá un recorte de 16 millones de dólares, es decir, dicha institución tendrá los mismos o peores problemas que le aquejan.
Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, manifestó que en el año 2019 el presupuesto de la institución y los distintos órganos fue de 367 millones, en 2020 (año de pandemia) se redujo a 350 millones de dólares, en 2021 a 342 millones, mientras que en 2022 cayó a 334 millones, lo que tiene incidencia en el servicio que brinda la administración de justicia.
María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, informó que al asumir su función se encontró que ningún proveedor estaba vigente, por tanto sin mantenimiento y reparación del aire acondicionado en las diferentes unidades judiciales, a la vez aseveró que han desarrollado acciones tendientes a estabilizar el sistema eléctrico de las bombas de agua, entre otras cosas.
Así mismo, Daniel Lemus, viceministro de Finanzas, dio a conocer que para el régimen sectorial jurisdiccional este año se asignaron 539 millones de dólares, de los cuales 345 millones son para el Consejo de la Judicatura, entidad que genera ingresos por 84 millones de dólares, recursos que se quedan en la propia institución.
Freddy Ramos, viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, enfatizó que en noviembre del 2018 se elaboró el Acuerdo Ministerial 0055, mediante el cual se regula el servicio de seguridad y protección a autoridades y funcionarios del Estado.
#LtgaInfo
