Interpelantes argumentaron incumplimiento de funciones del Exministro del Interior Patricio Carillo
En la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra del exministro de Interior, Patricio Carrillo, los asambleístas proponentes del proceso, argumentaron el incumplimiento de funciones del exfuncionario como responsable de la represión de las movilizaciones de junio de 2022 y por sus actuaciones en torno al femicidio de María Belén Bernal, ocurrido el pasado 11 de septiembre, en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”.
Lucía Placencia fue la primera en tomar la palabra para referirse a la requisición de la Casa de la Cultura, así como a la violación de la autonomía universitaria, debido a la represión a los manifestantes, con gases lacrimógenos, en predios de la Universidad Central y de la Universidad Politécnica Salesiana. En el primer caso, calificó como un acto arbitrario la toma de las instalaciones de máxima institución cultural del país, para utilizarla como centro de operaciones en contra de los ciudadanos movilizados. En el segundo caso, aseguró que no se cumplieron los protocolos establecidos para el uso legítimo de la fuerza ni se respetó la declaratoria de los centros de estudios superiores como zonas de paz, lo cual configura el incumplimiento de funciones.
De inmediato, intervinieron los asambleístas Jhajaira Urresta y Peter Calo, quienes sustentaron los incumplimientos relacionados con la represión a los manifestantes en las movilizaciones de junio de 2022 en diferentes ciudades del país y la detención ilegal y arbitraria del dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza. Urresta cuestionó el uso de las bombas cóndor, que están prohibidas a nivel mundial, por el daño que causan. “No se respetó el derecho a la protesta, solo hubo una represión brutal”, añadió.
Mientras Peter Calo subrayó que se violentaron los derechos constitucionales de Iza, pues hubo vejaciones, malos tratos, nunca se le dijo cuáles eran las causas de su detención, tampoco se le informó en su lengua las acciones seguidas en su contra. Detalló los casos de los ciudadanos fallecidos, heridos y detenidos durante las jornadas de movilización de junio de 2022. Recordó que el derecho a la resistencia está debidamente garantizado en la Constitución de la República y, además, juega un papel central en la defensa de la democracia y de los derechos humanos.
Finalmente, Gissela Garzón presentó una cronología de los hechos relacionados con el femicidio de María Belén Bernal y la poca importancia dada, no solo por el general Carrillo, sino por otras instancias del Gobierno Nacional, como la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Aseguró que las desatinadas declaraciones de Carrillo al calificar este hecho como un crimen pasional se pretendieron restarle el carácter de femicidio, que debería ser feminicidio, porque abarca un mayor espectro de violencia de género. El propio Presidente de la República no cumplió su palabra de pedir la disponibilidad de la cúpula policial, dijo.
Al término de sus intervenciones, los proponentes del juicio político solicitaron a la Comisión de Fiscalización que, en virtud de las pruebas aportadas, que demuestran el incumplimiento de funciones del exministro Patricio Carrillo, en el informe recomiende al Pleno que siga el juicio político para que se declare su culpabilidad, la censura de sus actuaciones y la prohibición de ocupar cargos públicos por el lapso de dos años.
En la sustanciación del proceso falta recibir las pruebas de descargo por parte del exfuncionario, quien anticipó que presentará por escrito, el próximo martes, 7 de febrero.
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