Legisladores piden celeridad a la fiscal por el caso Petrochina En abril, la Comisión de Fiscalización remitió un informe sobre Petrochina
Se abre la etapa de instrucción fiscal contra siete procesados por el delito de cohecho ocurrido en Petroecuador; tres de ellos recibieron orden de prisión preventiva.
Pese a que Nilsen Arias, exfuncionario de Petroecuador, no es parte del procesamiento por cohecho, la Fiscalía lo ve como líder de una estructura de corcorrupción.
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En una maratónica audiencia que arrancó la madrugada de este miércoles, la Fiscalía formuló cargos como autores del delito de cohecho contra los exfuncionarios de Petroecuador Lenín A., exasesor de la Gerencia General; Miguel P., exjefe Comercial; Galo G., exadministrador de Contratos; Andrés R., exjefe de Soporte Técnico; y el exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas Willam V.; mientras que cree que son cómplices los ciudadanos Wilson N. y Jorge P.
En esa línea la fiscal Ivonne Proaño presentó ante a la juez Geovanna Palacios los elementos de convicción recabados dentro de una investigación relacionada con actos de corrupción para la adjudicación de contratos en Petroecuador. En el supuesto entramado de sobornos analizado estaría implicado Nilsen Arias, quien fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa y manejó, entre 2010 y 2017, la venta internacional de crudo durante el periodo de la Revolución Ciudadana.
Arias es acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza en ese país a órdenes de la justicia estadounidense, instancia con la que estaría colaborando. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en diez años que fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana.
Pese a que el nombre de Arias no está en la lista de personas a las que la Fiscalía formuló cargos, el exfuncionario del correísmo es visto como líder de la estructura que habría cometido actos de corrupción dentro de Petroecuador. Según la Fiscalía, mediante la figura de cooperación internacional, Estados Unidos proporcionó información relevante para el avance de las investigaciones en Ecuador.
La fiscal Proaño solicitó para todos la medida cautelar de prisión preventiva. Argumentaba la necesidad de su pedido en que existiría un inminente peligro de fuga de los ahora procesados. Las defensas de los sospechosos no estuvieron de acuerdo con la medida de prisión preventiva, entre otras cosas, por la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el sistema carcelario nacional.
Finalmente, la jueza Proaño, luego de 15 horas de audiencia, decidió ordenar prisión preventiva para Galo G., Miguel P. y Lenín A., mientras que para Willam V., Andrés R., Wilson N. y Jorge P. dispuso la medida cautelar de presnetación periódica, la prohinición de salida del país y el uso de grillete electrónico.
La teoría de Fiscalía sostiene que Arias se habrpia asociado con varias persons, entre ellas las ahora procesadas, para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a varias empresas con la adjudicación de contratos. A decir de Proaño, el monto del cohecho investigado alcanzaría los $ 22 millones.
En la audiencia que se realizó en la sala número 1 de la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito, también participó un representante de la empresa pública Petroecuador. El objetivo es que sea considerada como la víctima en este proceso penal y más adelante la institución presentará la acusación particular.
Entre los siete detenidos están exfuncionarios públicos que ocuparon altas jefaturas en Petroecuador desde el año 2010 y en algunos casos permanecieron en sus cargos hasta el 2021. Todos los ahora procesados fueron detenidos entre la madrugada y tarde del martes último en allanamientos que se dieron en varias ciudades del país y que llegaron a la sede principal de Petroecuador y del Ministerio de Finanzas, en el norte de la capital.
La mañana de este martes 1 de noviembre, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos dentro de una investigación por supuestos actos de corrupción ocurridos en Petroecuador y que estarían relacionados con el exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias.
Horas antes del operativo en este caso, el nuevo ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, en su discurso de posesión en el Palacio de Carondelet, el lunes último, habló de la entrega a la justicia de Estados Unidos de Nilsen Arias y de que el exfuncionario haría “revelaciones terribles, pero necesarias” para que el país conozca la verdad.
El ministro en una entrevista con Teleamazonas calificó a Arias como un “pez gordo” por la cantidad de información que tiene. Santos Alvite cree que el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador no actuaba solo, sino que obedecía instrucciones de funcionarios del Estado en tiempos de Rafael Correa.
“El país va a conocer que la corrupción enorme en Petroecuador durante el periodo del presidente Rafael Correa venía de arriba. Estoy seguro de que Nilsen Arias para salvar su pellejo, porque lo pueden mandar a una celda junto al Chapo Guzmán, por el nivel de su corrupción, para rebajar su pena cantará y revelará quién le daba instrucciones y quién era su padrino para que estos actos de corrupción tengan posibilidad”, anotó el ministro Santos Alvite.
El cohecho definido en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Si el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
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