(O) OPINIÓN "HONORABLES PREFECTOS" Alberto Salvador

 La provincia de Cotopaxi irá en busca de Prefecto en febrero 2023, para un período de cuatro años, en fórmula con un candidato del sexo opuesto, en cumplimiento de las exigencias del Código de la Democracia. Hasta el momento, se presentan seis candidatos indígenas y tres mestizos, marcando un record histórico en el número de indígenas que buscan llegar al poder provincial, luego de 22 años de gobernantes provenientes del mismo sector étnico.

César Umaginga Guamán ocupó el sillón provincial por tres períodos consecutivos, siendo destituido por la Contraloría General del Estado en abril 2012 por haber cometido actos de nepotismo y por la utilización de forma indebida de recursos de la Prefectura. El informe de Contraloría número DR9-0012-2010 (accesible en la página web) que sirvió de base para la sanción con destitución, establece que en los años 2007-2008-2009 se “ocasionaron pagos indebidos a favor de los dignatarios y autoridades del Gobierno Provincial en el monto de 493.224,61 USD”. Los beneficiarios fueron los miembros de la Cámara Provincial, el Prefecto y la Vice Prefecta. La remuneración del Prefecto en los años 2007, 2008 y 2009 excedió en casi el doble la remuneración del Presidente de la República, a pesar de haberse establecido por Decreto Ejecutivo que ningún funcionario público podría ganar más que aquél. Estos valores están por recuperarse para el GADPC.  

La Cámara posesionó a la Vice Prefecta Blanca Guamangate en junio 2012, mientras el destituido impugnaba la Resolución de Contraloría ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que declaró “abandonada la causa” en marzo 2018 y dispuso el archivo en diciembre 2021, con lo cual dicha Resolución queda en firme y ejecutoriada. La destitución acarrea la imposibilidad “permanente” de ocupar la Prefectura, en razón de la prohibición establecida en la LOSEP, artículo 15. Penoso historial de un político que gozó de la confianza de los electores y terminó abusando del poder en su beneficio.

El segundo capítulo gira en torno a Jorge Guamán Coronel, que fuera electo por dos períodos (20015 – 2023). Sorpresivamente, la Fiscalía General del Estado, que tiene a su cargo la Vindicta Pública y por tanto es la única Institución que tiene a su cargo la acción penal para formular cargos y llevar a juicio a quienes hubieran cometido los delitos tipificados en nuestro COIP, allana las instalaciones del Gobierno Provincial y varios domicilios particulares, deteniendo a 10 personas involucradas en lo que denominan “delincuencia organizada” encabezada por el propio Guamán. Se han formulado cargos de testa ferrismo, concusión, enriquecimiento ilícito público y privado, entre una extensa formulación de cargos. Se ha dictado prisión preventiva para todos, excepto dos indígenas protegidos por un convenio internacional con la OIT, que portan grillete.

Este episodio bochornoso para toda la provincia, mancha las páginas de su historia por segunda ocasión, atentando contra la buena imagen construida a través de los años por sus habitantes, que han surgido con trabajo honesto. Los titulares de la presa nacional e internacional, hablan de los hechos de corrupción que se han detectado al más alto nivel del Gobierno seccional, involucrando a su máxima autoridad, que increíblemente mantiene su pretensión de acceder al sillón de Rafael Cajiao en el Municipio de Latacunga. La audacia no tiene límite. La sola insinuación de autoridad competente y respetable como la Fiscalía, debería ser suficiente para que el acusado se aparte del manejo de recursos públicos, mientras se dilucida su situación. Pero de ninguna manera debería quedarle aliento para presentarse como candidato, pues si bien conserva su situación formal de “inocente” mientras no exista sentencia en firma que diga lo contrario, su honestidad está seriamente cuestionada y políticamente juzgada.

¡QUE VERGÜENZA!

Alberto Salvador

albertosalvador9@gmail.com

Agosto 25 de 2022

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