Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán presentó una acción de protección contra Guillermo Lasso, para exigir presupuesto para la Función Judicial
El Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, presentó un recurso de garantía jurisdiccional de Acción de Protección contra el Primer Mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, para exigir la asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia.
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La Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares. De estos, 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.
Así lo revelaron las autoridades del Consejo de la Judicatura, durante un encuentro en el que participaron directores provinciales de la institución, representantes de la Corte Nacional de Justicia y presidentes de las Cortes Provinciales.
El doctor David Guzmán Cruz, Director General del Consejo de la Judicatura, explicó que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno.
Señaló que los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.
Actualmente, en el país existen 1978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces, cifra que está por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8.
La reducción sistemática de recursos económicos perjudica también a procesos como la gestión de citaciones, pues no existe el suficiente personal y vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea. Solo en Quito, existen 17 777 citaciones pendientes.
Asimismo, hay un déficit de 77,3 millones de dólares necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etc.
De igual forma, por la falta de recursos, no se ha podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, ni tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de 31 millones de dólares.
Por costos de operatividad relacionados con insumos de oficina, bienes, arriendos, mantenimiento, repuestos, accesorios, seguros, servicios generales, combustibles, vehículos, etc., el déficit es de 46,8 millones de dólares.
El Presidente del Consejo de la Judicatura señaló que estas cifras revelan que existe un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello una violación a los derechos ciudadanos.
Señaló que con estas acciones se ha afectado el acceso a la justicia, al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica a los usuarios, al trabajo digno de abogados, al derecho de los niños a recibir de forma oportuna sus pensiones alimenticias, etc.
“Esto es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo”, señaló el doctor Wilman Terán Carrillo, quien aseguró que presentó la demanda contra el Gobierno como ciudadano y como un hombre de derecho que cree en la ley y tiene fe en la justicia.
La Acción de Protección también fue presentada contra el Ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el Procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.
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