Proyecto de Ley de Salud Mental recibe respaldo de Especialistas en el Pleno de la Asamblea

Luego de escuchar a varios especialistas, el Pleno de la Asamblea debatió el proyecto que crea un marco legal para atender la salud mental con enfoque en la promoción, prevención, atención, recuperación, inclusión comunitaria e intercultural, sin discriminación, con respeto a su dignidad y en todos los ciclos de vida, centrado en las personas y basado en sus derechos.

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Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y ponente del informe, explicó que la propuesta, que unifica ocho proyectos de ley, regula temas de la salud mental, prevención del suicidio, reintegración de personas que sufren depresión, salud mental comunitaria, salud mental en niñas, niños y adolescentes.

Aclaró que la propuesta aborda temas relacionados con los derechos en salud mental, deberes del Estado, Plan Nacional de Salud Mental, coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, sistema educativo, sistema de rehabilitación social, promoción, prevención, atención y recuperación. Además, determina los procesos de internamiento voluntario e involuntario y la protección especial.

El legislador enfatizó que en Ecuador hace falta una Ley de Salud Mental con visión comunitaria. El Observatorio Social del Ecuador 2014-2019 determinó que hubo más de 5.300 suicidios, es decir, entre dos y tres cada día, reiteró, al advertir que la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos adversos de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad.

El proyecto se socializó de manera participativa en 13 sesiones, en las que se recibió el criterio de 26 representantes de la sociedad civil, 9 instituciones públicas, 6 organismos internacionales, 6 asambleístas y contó con el apoyo técnico permanente de la Defensoría del Pueblo.

Apoyo de especialistas

Adrián Díaz, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, resaltó el proceso de discusión con los diferentes actores y lograr un proyecto que recoge temas importantes, referentes a las personas con discapacidad, interculturalidad, consumos problemáticos, que son recomendaciones internacionales, entre otros aspectos.

Ólger Altamirano, representante de la Red de Salud Mental Comunitaria, coincidió en la necesidad de dictar una normativa de salud mental con enfoque comunitario y con carácter social. No obstante, cuestionó el modelo que se quiere implementar, que está basado en el mercantilismo y que hace falta la visión del buen vivir y el libre ejercicio de la Psicología.

David Martínez, de la Organización Change mencionó que ante la agudización de los problemas de salud mental tras la pandemia, surge la necesidad de construir un cuerpo legal que regule y priorice la adecuada atención de los problemas de salud mental, que pasan inadvertidos y desarrolle servicios y sistemas suficientes que aseguren una forma eficiente de tratamiento de enfermedades como los trastornos, depresión, ansiedad, conductas suicidas y adicciones.

Carlos Orellana, director del Instituto de Neurociencias de la Junta Beneficencia tras subrayar que la ley es importante, hizo observación al consentimiento informado, en la que pidió tomar en cuenta los trastornos mentales de una persona.

Fernando Cornejo, director de Posgrado de Psiquiatría de la UTE dijo que los suicidios ocurren antes de los 50 años y que los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad. Resaltó que es una ley que basa su enfoque en la sociedad. “Celebro una Ley de Salud Mental que no está dedicada a la hospitalización y a la institucionalización, sino a fortalecer la atención y el servicio de primer nivel”, destacó.

Los asambleístas en el debate resaltaron la importancia de propuesta normativa para combatir el crecimiento de las enfermedades mentales y los intentos suicidas. Subrayaron que la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y de la sociedad y que hablar de salud mental es hablar de salud integral.

Presentaron observaciones relacionadas con el internamiento, centros ilegales de tratamiento, prevención hasta la recuperación e inclusión en la sociedad y la necesidad de políticas públicas.

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