¿Qué ofrecen y qué piden los asambleístas para llegar a acuerdos políticos?
Lo que está en juego son espacios directivos del CAL, las comisiones especializadas y ocasionales, contratos de servidores y la agenda de leyes y fiscalización.
Las negociaciones políticas entre legisladores y las bancadas están matizadas por una serie de aspiraciones y ofrecimientos que permitirán captar la mesa directiva, acomodarse en las comisiones especializadas permanentes y ubicar en la agenda legislativa la aprobación de leyes y la implementación de juicios políticos.
Comisiones económicas, de fiscalización y justicia concentran interés de asambleístas
Comisiones económicas, de fiscalización y justicia concentran interés de asambleístas
Lo que está en negociación son la presidencia de la Asamblea Nacional, que durará hasta mayo de 2025, la primera y segunda vicepresidencias del Parlamento, cuatro vocalías en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), las presidencias y vicepresidencias en quince comisiones especializadas permanentes, una comisión ocasional multipartidista para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, fuera de las demandas de más espacios para la contratación de personal legislativo.
La instalación de la Asamblea de transición está prevista para el próximo 20 de noviembre a las 10:00, mientras llega el día cada organización política adelanta los diálogos y los legisladores que no poseen un bloque buscan la forma de agruparse para obtener espacios clave dentro de las comisiones.
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El Partido Social Cristiano (PSC) tomó la delantera en las negociaciones y busca alzarse con la presidencia de la Asamblea, para ello en los cabildeos políticos presenta al asambleísta nacional Henry Kronfle, quien junto con Vicente Taiano y Dallyana Passailaigue constituyen los legisladores que afinan las conversaciones con los otros sectores políticos y son los encargados de extender las sábanas en los ofrecimientos.
Este sector tiene interés, a más de captar la presidencia de la Asamblea Nacional, en obtener la presencia en al menos cuatro comisiones, como la mesa de Justicia y Estructura del Estado, Derechos de los Trabajadores, Gobiernos Autónomos y Descentralizados y Biodiversidad.
El sector del Gobierno, representado en la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), busca captar la primera vicepresidencia del Parlamento y además mantener el control de la presidencia y con una mayoría las comisiones económicas, es decir, la Comisión de Régimen Económico Tributario y la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa; estas dos comisiones constituyen la base para viabilizar la aprobación de los proyectos urgentes anunciados por el presidente de la República electo, Daniel Noboa. En paralelo, plantean como parte de la agenda la realización de la consulta popular como una salida rápida a la crisis de inseguridad del país.
La bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC) mantuvo este 8 de noviembre una reunión con la excandidata presidencial Luisa González para definir la agenda programática que llevará el bloque. En dicha agenda está el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, como públicamente lo anticipó el exmandatario Rafael Correa, porque a su criterio existen pruebas contundentes de su persecución.
Este sector político pretende alcanzar la segunda vicepresidencia del Parlamento y reactivar el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, que quedó pendiente de una resolución en el pleno antes de la disolución.
En legislación hablan de crear leyes para garantizar la seguridad en el país y advierten que están vigilantes de que en materia económica no se incrementen los impuestos y tampoco se afecten los derechos laborales. También esperan captar al menos cinco presidencias en las quince comisiones especializadas permanentes.
La bancada de Construye tiene como condición principal para llegar a acuerdos con otros sectores políticos la integración de manera inmediata de una comisión ocasional multipartidista que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio, su excandidato presidencial.
Según el asambleísta Camilo Salinas, esa comisión debe estar presidida por la representante del Azuay, Sofía Sánchez, e integrada por un delegado de cada bancada, pero que aporten en la investigación.
A nivel administrativo reclamarán un espacio en el Consejo de Administración Legislativa para la legisladora de Tungurahua, Ana Galarza; y en la integración de las comisiones especializadas, que estas estén presididas y conformadas por personas que tengan el perfil idóneo de acuerdo con la materia o temática que trata cada mesa.
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La bancada está dispuesta a apoyar temas legislativos que afiancen la seguridad en el país, generen empleo, salud pública y el tema tributario; pero pondrán condiciones en cuanto a la integración de las mesas, para evitar improvisaciones, señala Salinas.
El sector de Actuemos, según la legisladora Lucía Posso, plantea a los demás bloques establecer una agenda de cuatro ejes: seguridad, generación de empleo, salud y educación; para ello, se propone aplicar una enmienda a la Constitución para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna del país sin necesidad de un decreto ejecutivo.
Este grupo de asambleístas espera concretar los acuerdos con otros sectores políticos de minoría para establecerse como bancada, sin descartar que eso permitirá ubicar a un delegado dentro de la mesa directiva de la Asamblea de transición.
Según Posso, este grupo de legisladores está dispuesto a sentarse con las demás fuerzas políticas para establecer las prioridades comunes, y con respecto al planteamiento de la bancada correísta de iniciar un juicio político contra la fiscal general del Estado, dijo que no le asusta hablar de fiscalización y que ningún funcionario público debe ofenderse porque le fiscalicen. Pero “no sé si es el momento adecuado para hablar de juicios políticos, evidentemente, si tienen las pruebas y los votos, nadie puede limitar la tarea de fiscalización”.
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Fuente:/ Diario el Universo
