Autoridades Electorales y de Control informaron sobre su Gestión durante el año 2022

El Pleno de la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, continuó la recepción de los informes anuales de labores de autoridades de otras funciones del Estado y titulares de organismos de control. En este caso, correspondió el turno al contralor, Carlos Riofrío; al Procurador, Juan Carlos Larrea; a los presidentes del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint y del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz.

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Carlos Riofrío indicó que entre enero y diciembre de 2022 realizaron 1.066 acciones de control, 614 con auditorías externas y las restantes a través de auditorías internas, en 33 sectores como desarrollo seccional, gobiernos autónomos, educación, administrativo y salud.

Resaltó que en este período, emitieron 1.352 informes, 1.120 de ellos generales y los demás, es decir 232, con indicios de responsabilidad penal. Se efectuaron 550 auditorías a gobiernos autónomos descentralizados, sus empresas y entidades relacionadas, con la determinación de indicios de responsabilidad penal en 51 entidades. Además, remitieron 86 informes a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones pertinentes.

Así mismo, se aprobaron 79 informes de exámenes efectuados a declaraciones patrimoniales juradas presentadas por servidores públicos, entre ellos, jueces, otros servidores judiciales, generales y servidores policiales. La Contraloría recaudó cerca de 10 millones de dólares por concepto de glosas y órdenes de reintegro de recursos.

Por último destacó la puesta en marcha del simulador de conflicto de intereses, en agosto pasado, herramienta digital desarrollada con el apoyo técnico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que permite conocer posibles escenarios en los que la imparcialidad de los funcionarios estatales pueda verse comprometida.

De su lado, el procurador Juan Carlos Larrea resumió las actuaciones de la entidad, sobre todo con la intención de reducir la conflictividad en el Estado. Informó que la representación del Estado ecuatoriano en los procesos de arbitraje internacional ha tenido importantes resultados, puesto que se ha evitado que el país pague 402 millones de dólares en reclamos de tributos, ambiente, terminación de contratos, recursos no renovables y otras materias, es decir una disminución del 80% de las obligaciones demandadas.

Aseguró que todos los requerimientos de asesoría y de consulta de las entidades públicas se absuelven de manera ágil, así como los procesos de capacitación a diversos organismos públicos, entre ellos gobiernos autónomos y cuerpos de bomberos, en materia de descentralización y contratación pública.

Dijo que el énfasis de su ejercicio en la Procuraduría será un cambio de modelo de gestión, a lo cual se sumará una propuesta de nueva Ley que se encuentra en estudio.

El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz aseguró que los resultados obtenidos en 2022 permitieron mejorar los procesos para una oportuna prestación de los servicios de justicia electoral, socialización y difusión de sus productos investigativos, a más de un continuo desarrollo y fortalecimiento de los procesos de asesoría y apoyo.

Recalcó que en este período resolvieron 658 causas contencioso electorales de las 760 ingresadas. También mencionó que se marcó un hito en el accionar del tribunal en cuanto a la violencia política de género, problema que se expresa en el ejercicio del derecho de participación de las mujeres, que está tipificado como una infracción electoral grave.

En cuanto a la difusión y promoción, el funcionario se refirió a los productos generados en materia contencioso electoral y a las capacitaciones en busca de reforzar la labor de socializar e instruir a los actores políticos y ciudadanía sobre Derecho y Justicia Electoral.

La jornada concluyó con la exposición de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien se enfocó en preparación de las elecciones seccionales y de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023. Aseguró que se dirigió y supervisó los procesos de inscripción de alianzas electorales, siendo calificadas 390 a nivel seccional. En este mismo sentido se refirió al apoyo, asistencia técnica y supervisión electoral brindada en los procesos de democracia interna, para elegir los precandidatos.

Resaltó que una vez concluida la etapa de registro se han mantenido la paridad de género, secuencialidad, alternabilidad, encabezamiento de listas por parte de mujeres e inclusión juvenil en un 25%, de los 61.850 candidatos inscritos, calificados y en firme.

La funcionaria detalló el trabajo articulado con las oficinas consulares del Ecuador en el exterior y la Dirección de Gestión de Servicios de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir los hitos del calendario electoral. También hizo referencia al monto del Fondo de Promoción Electoral, que asciende a 13,5 millones de dólares, que incluye el monto de incentivo a las alianzas electorales conformadas entre organizaciones del mismo nivel territorial.

Finalmente, dio a conocer que ha concluido el examen de las cuentas de campaña electoral presentadas por los responsables del manejo económico de los candidatos que participaron en el proceso “Elecciones Generales 2021” y se han emitido los informes correspondientes.

El artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que el Pleno designará una o varias comisiones especializadas para que dentro del plazo de 30 días analicen los informes presentados. Una vez que conozca el informe de la comisión, en un solo debate el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre la información presentada por los funcionarios.

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