De los 40.000 presos, 25.720 son parte de diez grupos delictivos
De los 40.000 presos, 25.720 (el 64,3%) son parte de los diez grupos delictivos identificados por la Policía.
Los principales son Los Choneros (12.000 miembros) presentes en los presidios de Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí y Guayas. Y Los Lobos (8.000), en Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Chimborazo, Azuay, El Oro.
Acumularon poder aprovechando la debilidad estatal, evidenciada en el déficit de agentes penitenciarios, la falta de presupuesto, la corrupción generalizada y el fracaso del modelo de rehabilitación, que mantiene en indefensión a la mayoría de personas privadas de la libertad.
Los Choneros y Los Lobos son las organizaciones criminales que mandan en los presidios más grandes del país.
Un informe de la Coordinación de Seguridad Penitenciaría de la Policía, al que Código Vidrio tuvo acceso, mapeó a estos grupos criminales, que han ganado poder aprovechando la debilidad estatal, evidenciada en el déficit de agentes penitenciarios, la falta de presupuesto, la corrupción generalizada y el fracaso del modelo de rehabilitación.
De los 40.000 presos repartidos en 37 centros carcelarios, 25.720 (el 64,3%) son parte de las diez asociaciones delictivas identificadas por la Policía.
Las principales megabandas son Los Choneros, con 12.000 miembros, presentes en los presidios de Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí y Guayas. Y Los Lobos, con 8.000 integrantes, en Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Chimborazo, Azuay, El Oro.
Por su número de integrantes, las dos organizaciones juntas son equiparables a un ejército. Las Farc, antes de desmovilizarse, tuvieron 19.000 armados en sus filas.
En influencia, a Los Choneros y Los Lobos, les siguen las Águilas, Tiguerones, Chone Killer y Fatales.
Según informes de inteligencia Antinarcóticos, Los Choneros son el brazo armado del cartel de Sinaloa, mientras Los Lobos dan seguridad a Jalisco Nueva Generación, que disputa el control de rutas y exportación de cocaína en Ecuador, especialmente desde 2016.
El descomunal poder que han adquirido las bandas, especialmente desde mediados de la década pasada, desbordó al Estado, que ha sido incapaz de aplicar efectivas políticas de rehabilitación, que sean una real alternativa de reinserción, según varios analistas.
Un tema clave que explica este fenómeno es la sobrepoblación carcelaria. Además de desbordar la capacidad de atención gubernamental, empoderó a las bandas, que mantienen un perverso esquema de cobros y coacción a los privados de la libertad.
El hacinamiento, en promedio, bordea el 30%. Hay 10.000 internos sobre la capacidad real de los centros.
Otro factor determinate es la criminalización del microtráfico, aplicada desde el gobierno de Rafael Correa. La captura de micro traficantes (en su mayoría pequeños consumidores) se disparó desde el 2015, tras las reformas de las tablas de tráfico y consumo de drogas. Este también es uno de los desencadenantes de la debacle de la política penal, según un reporte de la Defensoría Pública.
Por un lado, se ha reunido en grandes centros penitenciarios a delincuentes de alta peligrosidad. Por otro, con esta política punitiva se termina encarcelando a pequeños consumidores, adictos, en su mayoría personas en extrema pobreza. Ellos se vuelven carne de cañón de las megabandas, que los reclutan para proveerles de droga y alinearlos en sus acciones criminales.
Bastión criminal
Así, las cárceles se han convertido en un bastión para las organizaciones criminales, que operan de la mano con los carteles y con el microtráfico a nivel interno.
Esto también está conectado con el aumento del narcotráfico y otros delitos conexos, como el sicariato, en el país. En lo que va del año se han capturado más de 70 toneladas de cocaína. El último decomiso fue hace dos semanas: la Policía descubrió 10 toneladas del alcaloide en Guayaquil. El año pasado fueron incautadas 130 toneladas del estupefaciente, cifra récord que este año también será superada, según previsiones de Antinarcóticos.
Decenas de operativos ha realizado la Policía en las principales prisiones. Especialmente en la Penitenciaría del Litoral, donde se registra la mayor conflictividad con los internos.
La disputa que libran los carteles mexicanos se reproduce en las prisiones, que los últimos años han sido el escenario de sangrientas matanzas. El último episodio ocurrió el pasado 22 de julio cuando los choques armados entre esas bandas dejaron 74 fallecidos y más de 100 heridos en los centros de Guayaquil y Cotopaxi.
Para Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes infractores (SNAI), el crecimiento descomunal de estas organizaciones criminales requiere acciones urgentes, que incluyen medidas a distinto nivel, que ya han sido analizadas en varias reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).
Para enfrentar la crisis, el Gobierno decidió asignar 75 millones de dólares en los próximos cuatro años, según anunciaron la semana pasada varias autoridades, con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, a la cabeza.
En ese contexto, se presentó el «Plan de reestructuración para el sistema penitenciario».
Cobo explicó que los recursos se destinarán a atender las necesidades de infraestructura, tecnología, seguridad y talento humano. «La situación del sistema penitenciario es precaria, caótica, peligrosa y anárquica, con efectos negativos para la seguridad del Estado”, apuntó Cobo, quien anunció que las acciones urgentes comprenden la implementación del trámite de beneficios penitenciarios para reducir el hacinamiento y mejorar la clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo con los niveles de seguridad.
¿Agentes o rehenes?
La violencia en los centros ha escalado vertiginosamente. Mientras en 2019 hubo 32 homicidios intencionales, el 2020 llegaron a 51, y en lo que va de este año ya suman 126 asesinatos. La mayoría (59) ocurrió en la Penitenciaría del Litoral.
Los principales grupos criminales se financian del narcotráfico y el microtráfico, así como de las extorsiones en los centros. Cuentan con el apoyo de funcionarios públicos y personal privado, que trabaja en las cárceles y facilita el ingreso de armas, celulares, droga…
Para afianzar su hegemonía, Los Choneros y Lobos también reclutan integrantes de las pandillas/naciones y minorías de otras bandas pequeñas, quienes cambian su hegemonía de acuerdo a cada centro, destaca el informe de la Policía.
Actualmente en los centros trabajan 1.477 servidores penitenciarios, y se requieren 4.642. Hay un déficit de 3.165 agentes. Los casos más críticos están en Guayas, donde hay un agente por cada 240 presos; en Azuay, con un servidor por cada 92 detenidos y Cotopaxi, con un funcionario para vigilar 90 internos. Las normas y parámetros internaciomales establecen que por cada 10 presos debe existir un guía penitenciario.
En la práctica este es un factor determinante para el descontrol estatal de las prisiones, según el estudio de Seguridad Penitenciaria.
“La ausencia de autoridad es cubierta por liderazgos emergentes y el surgimiento de grupos violentos de auto disciplina en las prisiones”, destaca el informe.
Otro factor crítico es el hacinamiento, que es del 30%. En los dos centros de Guayas, Cotopaxi, Azuay y Manabí están hacinados 22.812 privados de libertad (59% del total).
Las llaves, en poder de los presos
Entre los principales problemas detectados están el deficiente control y supervisión de las actividades en las prisiones, agravados por la falta de tecnología de videovigilancia apropiada.
En general, según el reporte de Inteligencia carcelaria, las llaves de las celdas y pabellones están en en poder de los presos, quienes manipulan las seguridades y se desplazan internamente en cualquier horario.
Los cabecillas de las organizaciones delictivas continúan liderando y ordenando actividades ilícitas en los territorios, fuera de las prisiones, para el microtráfico y muertes violentas.
Tampoco existe un control legal y disciplinario de las actividades que realizan los detenidos, lo cual alienta la impunidad.
Fuente: Codigo Enfoque
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