Fiscalía inició una investigación previa en contra de Guillermo Lasso por denuncia de Leonidas Iza
El líder de la Conaie denunció al presidente de la República y a los ministros Patricio Carrillo y Luis Lara, por la detención del 14 de junio.
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Ante una denuncia presentada por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación previa en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara, por el presunto delito de privación ilegal de la libertad.
La investigación previa arrancó el 12 de julio y está a cargo del fiscal general subrogante Wilson Toainga.
El caso tiene que ver con la detención de Leonidas Iza, ocurrida a las 00:30 del 14 de junio, en el sector San Juan de Pastocalle, en Cotopaxi, al día siguiente de que inició el paro nacional. El dirigente indígena fue interceptado por agentes de la Fuerza Pública mientras se movilizaba junto a otras personas en un vehículo por la vía Panamericana Sur E35.
El líder de la Conaie sostiene que su captura estuvo plagada de irregularidades y violaciones a sus derechos.
Según la denuncia, “los policías mediante golpes y agresiones verbales procedieron a desalojar a la víctima (Iza), así como a las personas mencionadas en el vehículo”.
Leonidas Iza fue detenido por el presunto delito de paralización de un servicio público.
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La @FiscaliaEcuador da inicio a la investigación previa en contra del presidente @LassoGuillermo, los ministros @CarrilloRosero y #LuisLara por la denuncia presentada por la #CONAIE por el presunto delito de privación ilegal de libertad de @LeonidasIzaSal1. pic.twitter.com/xFNjy9FQG6
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) July 14, 2022
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El delito de privación ilegal de libertad está tipificado en el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual señala que “la o el servidor público que prive ilegalmente de libertad a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. La o el servidor público que disponga la privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los destinados para el efecto por la normativa vigente, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
El Gobierno no se ha pronunciado hasta el momento por la denuncia e inicio de la investigación previa.
