La socialización de los proyectos contra la discriminación racial y de adultos mayores continúa en la Comisión de Garantías Constitucionales
La Comisión de Garantías Constitucionales, junto a representantes del Ministerio de Gobierno, Consejo de Igualdad de Género, Senescyt y Consejo de la Judicatura, analizó los proyectos de reformas a la Ley de Personas Adultas Mayores y contra la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural.
En representación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Ángela Tipán, se refirió a la necesidad de considerar en el proyecto la interseccionalidad, ya que no es lo mismo envejercer en el campo que en la ciudad.
Sugirió atender todas las aristas relacionadas con los adultos mayores y no se centre solamente en la prestación y regulación de servicios para este grupo vulnerable, y asegurar un enfoque de discapacidad en el tratamiento de la ley.
También planteó la articulación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el Sistema Integral de Cuidado, que consta en la Ley Orgánica del Cuidado Humano.
En el mismo tema, Jonathan Espinoza, subdirector nacional de Derechos Humanos, del Consejo de la Judicatura, se refirió al derecho de las personas adultas mayores a demandar de sus familiares una pensión alimenticia y las obligaciones de sus familiares de atenderlos. En este contexto, planteó que sean jueces multicompetentes, quienes también tramiten estos procesos, y no solamente las unidades judiciales de niñez, adolescencia y familia.
Johana Ponce, directora del Centro de Mediación Mediatores, centró su intervención en la necesidad de garantizar los derechos de las personas adultas mayores, entre ellos, que puedan elegir dónde vivir, las responsabilidades de los hijos, que el Estado preste servicios gerontológicos.
Resaltó el valor de los centros de mediación familiar para adultos mayores, a fin de promover el diálogo, y respeto a sus derechos, así como responsabilidades en sus cuidados...
En el ámbito del proyecto de Ley de Discriminación Racial, la comisión escuchó el criterio de representantes del Ministerio de Educación, que presentaron un informe técnico sobre su práctica en el contexto del derecho a la educación sin discriminación, acciones afirmativas para grupos vulnerables, entre otras medidas ára asegurar la inclusión en la educación.
En representación de la Senescyt, Alfredo Paredes, se refirió a las políticas de cuotas en favor del ingreso al sistema de educación superior de grupos históricamente excluidos o discriminados.
Sugirió que la iniciativa legislativa acoja esta política, en la que se incluyen las asignaciones de cupos de forma prioritaria a bachilleres de pueblos y nacionalidades, así como acciones afirmativas para garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior.
Desde el Ministerio de Salud Pública se planteó que el proyecto considere la articulación entre los gobiernos locales y la academia, para que la población tenga acceso al conocimiento y pueda informarse y analizar las leyes, a fin de prevenir la discriminación.
Al cerrar la sesión, Katy Herrera el Ministerio de Gobierno, respaldó el proyecto argumentando que es el momento de tomar medidas para frenar la discriminación.
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