MIES invirtió más de USD 353 millones para atender a 444 mil personas en la Zona 3, durante el 2022
La Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a la que pertenecen las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, realizó la rendición de cuentas de la gestión durante el año 2022. El evento se efectuó en el auditorio de la Gobernación de Tungurahua.
En este espacio, Stalin Garzón, coordinador zonal 3 del MIES, informó que más de 444 mil personas de grupos prioritarios y vulnerables y núcleos familiares en situación de pobreza y pobreza extrema recibieron atención a través de los servicios de inclusión social y la entrega de bonos y pensiones en las cuatro provincias antes señaladas. Dijo que, para ello, el Gobierno Nacional invirtió más de USD 353 millones.
La autoridad sostuvo que mediante este mecanismo se informa sobre las acciones realizadas y los usuarios conocen y evalúan el trabajo institucional y ejercen su derecho a participar en la gestión pública.
También señaló que 253 mil niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores recibieron atención mediante los servicios de desarrollo infantil, atención para personas adultas mayores, atención a personas con discapacidad y protección especial. Esto representó una inversión de alrededor de USD 184 millones.
Asimismo, manifestó que la inversión del MIES fue de USD 169 millones para entregar bonos y pensiones a 191 mil núcleos familiares de las provincias de la Sierra centro y Pastaza.
Luego de la exposición de los servicios, cobertura e inversión, se conformaron mesas de trabajo con los usuarios, para conocer sus aportes y mejorar el trabajo en territorio.
Rocío Paredes, usuaria de los servicios de desarrollo infantil, señaló que sería muy importante que se amplíe más la cobertura a los sectores rurales. Por su parte, José Moya, adulto mayor, solicitó que las visitas de los técnicos sean por lo menos dos veces por semana.
El evento concluyó con la exposición de acuerdos y compromisos; así como con la conformación de una comisión de seguimiento ciudadano y técnico, que vigile el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
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