(P) OPINIÓN "PUNTA DEL OVILLO" Por: Alberto Salvador

Apenas salimos de las elecciones en segunda vuelta, el país se escandaliza con un bochornoso incidente al interior del populismo del siglo XXI, que debió haberse ventilado privadamente entre los involucrados, y no convertirlo en un tema que alimenta el morbo nacional, que en las redes sociales está siempre hambriento. 

Sin embargo, gracias al “desliz” de los propios involucrados, todo el país ha seguido esta novela de faldas, que llega hasta Bélgica, a donde los actores han debido dar satisfacciones al gran maestro, en busca de absolución de culpa.

No pretendiendo discutir los amores y desamores de “Sol”, que no me incumben, tampoco puedo dejar de opinar sobre los posibles delitos que se han evidenciado, en base a las declaraciones realizadas por esta ex servidora pública, que dice haber ostentado, desde 2015, una dirección en el Gobierno Provincial de Pichincha que, por mera coincidencia, preside otra fanática del populismo, Paola Pavón. 

El atendido diligentemente por dicha servidora pública ha sido, ni más ni menos, Jorge Glas Espinel, desde cuando guardaba prisión en el Centro de privación de libertad conocido como cárcel No. 4 y posteriormente en el de “máxima seguridad” del centro del país, en Cotopaxi.

¿Acaso estos tres protagonistas de posibles delitos sancionados en el COIP creen estar por encima de la ley? Esto es apenas “un botón de muestra” de los abusos de poder que han perpetrado en el ejercicio del poder desde 2007 y se han extendido hasta la actualidad, pues aquella dice haber renunciado en agosto 2023. 

Independientemente de los valores desviados en beneficio de particulares, que genera este abuso de autoridad, los hechos referidos en los audios revelados, quien sabe con qué intenciones, sugieren el cometimiento de, al menos, tráfico de influencias y peculado, que a esta hora debe ser motivo de indagación fiscal. 

Las “llamadas” que la ex asistente dice haber realizado el detenido, cuando se encontraba en funciones de vicepresidente, lo imputan como presunto autor del tráfico de influencias, abusando de su condición oficial y miembro del movimiento político en el poder. La sumisión de Pavón para haber accedido a nombrar a la asistente, para una función de dirección para la que no estaba capacitada y ni siquiera cumplía las funciones para las cuales fuera nombrada, sirviendo a un particular condenado a prisión, extraño a la Prefectura Provincial, que luego cumplió la sentencia, evidencia la absoluta irresponsabilidad en el manejo de fondos públicos, que se sanciona con prisión, e inclusive puede conllevar la destitución del cargo de elección popular.

Esperamos la oportuna actuación de la Fiscalía General, que debe ampliar su acción a otros funcionarios de la institución involucrada, pues es evidente que ese abuso de poder no debe haberse limitado a un solo compañerito. 

Adicionalmente, causa desprecio evidenciar la capacidad de ocultar estos graves episodios de asuntos privados, que involucran a personajes que ostentan poder político, que no dudaron en ocultarlos hasta que superen el proceso eleccionario, a pesar de la obligación de denunciar el cometimiento de presuntos delitos, que establece la ley. 

Más bien, han utilizado el Poder Judicial como arma de ataque para detener las amenazas que mutuamente se han hecho, por medio de denuncia por acoso psicológico y contra denuncia por extorsión. Es de interés público que la Fiscalía conozca las implicaciones que pueden derivarse de estos entuertos, que pueden poner al descubierto en aras a establecer la afectación de intereses públicos.

Esta punta del “iceberg” de la “oligarquía” contemporánea, que ha estado en el poder por los últimos 16 años, puede desembocar en develación de tramas que lleven a la ruta del dinero robado en la década fallida.

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