Asamblea Nacional aprobó la Ley de Competitividad Energética
La Ley de Competitividad Energética se aprobó en la Asamblea Nacional del Ecuador. La normativa recibió el apoyo de 131 legisladores en el segundo y definitivo debate que se realizó la noche de este miércoles 10 de enero del 2024.
El presidente Daniel Noboa envió la normativa con carácter económico urgente. La ley tiene como objetivo «solucionar definitivamente los racionamientos de energía eléctrica«. Para ello tiene tres temas fundamentales: inversión; nueva generación de energía limpia; y, la desburocratización de este sector.
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Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, ponente del informe, subrayó que se busca poner punto final a los apagones. “Esta ley sienta las bases para despegar en materia energética, mediante incentivos y beneficios para los sectores que propendan a la autogeneración de energía”, aseguró.
Explicó que la Ley priorizará la generación de energía eléctrica que utilice como materia prima la fracción orgánica de los desechos sólidos.
Además, la propuesta aclara la definición de vehículos eléctricos. Con ello ciertos automotores a combustión con propulsión eléctrica no serán considerados tales, como parte de la competitividad energética.
También refuerza el concepto de autoabastecimiento. Esto con el fin de incentivar a que los usuarios finales y residenciales instalen este tipo de sistemas, dotándoles de la correspondiente seguridad jurídica.
En el debate intervinieron 11 legisladores, quienes expresaron su respaldo a la propuesta. Los asambleístas enfatizaron en la necesidad de que el sector privado participe en la generación de energía en el país.
Así mismo, destacaron que esta ley no solo se basa en el alivio a la caja fiscal, sino en restablecer el servicio básico de electricidad. Todo con el fin de que las actividades diarias de los ecuatorianos no se detengan y que, más bien, permitan la dinamización de la economía local.
Se trata de la octava ley aprobada en el actual período, que se instaló el pasado 17 de noviembre de 2023. El proyecto será enviado al presidente de la República, Daniel Noboa Azin, para la correspondiente sanción u objeción.
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