El pleno de la Asamblea tramitó en primer debate, el Proyecto de Ley de Gestión del Riesgo de Desastres

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, que crea un marco jurídico para la prevención, mitigación, reparación y generación de resiliencia en la población, frente a los desastres naturales o antrópicos que amenazan al Ecuador.

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Los legisladores tomaron como base el informe preparado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, cuyo presidente, Ramiro Narváez informó al Pleno los objetivos y alcances de esta normativa que, según dijo, “es una ley para salvar vidas”. Explicó que el proyecto recoge cuatro iniciativas que buscan dejar atrás titulares de prensa que, frente a fenómenos naturales o desastres, indican que Ecuador enfrenta las emergencias sin una normativa adecuada.

Subrayó que son cuatro los ejes del proyecto de ley: la regulación de la gestión integral de riesgos; regulación del sistema nacional de gestión de riesgos; desarrollo del principio de descentralización subsidiaria, enfocada en los gobiernos autónomos descentralizados; y, la gobernanza del sistema, con la articulación de todas las instituciones relacionadas con esta temática, en los distintos niveles de gobierno.

Ramiro Narváez aseguró que la Comisión recogió las observaciones y los planteamientos de distintos sectores involucrados y, principalmente, del Servicio de Gestión de Riesgos que aportó al estudio de este proyecto de ley. También destacó la participación de expertos y de la academia.

Debate

En el debate, en el que participaron 13 legisladores, se hizo hincapié en la necesidad de la prevención, tomando en cuenta que Ecuador, por su ubicación geográfica, está expuesto a riesgos de desastres naturales, pero también a fenómenos antrópicos (provocados por la acción del ser humano), como por ejemplo la consecuencia de actividades extractivas, sin cumplir las recomendaciones de carácter ambiental.

Así mismo, se demandó un compromiso del Estado y del Gobierno, como el principal administrador de la cosa pública, para destinar recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan enfrentar las consecuencias de desastres, como lo ocurrido con las provincias de Esmeraldas y Manabí, en abril de 2016, entre otras catástrofes.

Antes del cierre del debate y la clausura de la sesión, Ramiro Narváez acogió el pedido de varios asambleístas en el sentido que, por tratarse de una normativa de gran transcendencia de país, elabore el informe para segundo debate antes de los 90 días que prevé la ley, a fin de dar al país un cuerpo jurídico que permita enfrentar eficaz y eficientemente los riesgos de desastres. 

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