Nuevos criterios jurídicos se suman al análisis de la reforma constitucional sobre seguridad
La Comisión de Enmiendas Constitucionales continúa receptando observaciones de diversos sectores, con la finalidad de fortalecer los criterios con los que se analizará la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, relacionado con la participación complementaria de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado.
En esta ocasión, intervinieron Elizabeth Shunio, subsecretaria de Derechos Humanos; Johanna Romero, representante de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador; Pamela Aguirre, directora del Observatorio Jurídico Social de la Universidad Espíritu Santo y José Ortiz, docente universitario.
Los participantes concidieron que es importante que la iniciativa se convierta en una política pública que guarde características que precautelen los derechos humanos, es decir, que sea integral, intersectorial, participativa, universal e intergubernamental.
Para Johanna Romero, el análisis debe enfocarse en dos aspectos: la consecuencia que implicaría el trabajo complementario entre las dos instituciones y la conveniencia de la reforma. Le preocupa, en este contexto, que no se especifiquen límites de acción, que podrían extender una participación excesiva del Ejecutivo. De ahí la importancia, dijo Romero, que la comisión delimite el accionar que tendrían tanto las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional.
Otro aspecto que causa preocupación, es el tratamiento del Estado de Excepción, vigente en la Constitución. Para Pamela Aguirre, es indispensable identificar los estándares para su aplicación, para que no interfieran en la práctica de las Fuerzas Armadas, en caso de proceder la reforma planteada. Para ello sugirió que dentro del proyecto se proponga un manual en el que se incluya el ámbito de acción de Fuerzas Armadas en el orden interno, la temporalidad, uso extraordinario, procedimiento y que no se sustituya al Estado de Excepción.
Finalmente, el catedrático José Ortiz centró sus observaciones en la identificación de una motivación imperiosa de la participación de Fuerzas Armadas en el control interno del país, así como considerar si es idóneo o no el trabajo complementario entre esta institución y la Policía Nacional. Para Ortiz, el combatir al crimen organizado es un motivo justificado y el trabajo conjunto es necesario, pero estableciendo candados o límites que no atenten contra los derechos humanos.
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