Autoridades comprometen gestión para evitar que personas condenadas permanezcan en el sector público
Las permanencia de 1797 funcionarios públicos en sus puestos de trabajo pese a tener sentencias condenatorias y el proceso de evaluación a agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales fue materia de análisis en la Comisión de Justicia con la presencia de las principales autoridades del Ministerio de Trabajo, Contraloría General del Estado y del Consejo de la Judicatura.
El legislador Ricardo Vanegas denunció que han llegado a detectar que 1797 servidores públicos continúan trabajando a pesar de que tienen sentencia condenatoria por diversos motivos, entre ellos violencia contra la mujer y la familia, delitos penales y de tránsito.
Explicó que esta información recabada con la colaboración del Consejo de la Judicatura ha sido entregada al Ministerio de Trabajo y a la Contraloría General del Estado, a efectos de depurar el personal del sector público y evitar que estas personas condenadas se burlen del sistema jurídico.
Al respecto, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, informó que a partir del 19 de octubre de 2022 se acordaron varias acciones para dar seguimiento y depurar el registro de procesos de sentencias condenatorias y el impedimento para laborar en el sector público.
Informó que han remitido al Consejo de la Judicatura el listado del personal del sector público, a fin de que realice un cruce de información con los servidores que han tenido sentencia condenatoria y, con ello, actualizar el registro de impedimento para ejercer cargo público.
Añadió que esperan la información actualizada del Consejo de la Judicatura, al que pidió que instruya a las cortes provinciales y jueces que al momento de dictar sentencia condenatoria notifiquen al Ministerio de Trabajo para actualizar el registro.
A su vez, Alberto Jaya Segovia, subcontralor del Estado, destacó la investigación que realiza la Comisión de Justicia, en el afán de articular mecanismos para depurar los servidores públicos en todo el país y garantizar funcionarios de calidad, a la vez señaló que inclusive se ha planteado una reforma a la Ley de la Contraloría para obligar a los jueces que notifiquen las sentencias ejecutoriadas contra servidores públicos, para emprender las gestiones de control e impedir que los sentenciados ejerzan cargo público.
Así mismo, sostuvo que el momento que reciba la información depurada establecerá la planificación necesaria para las acciones de control.
De su lado, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán expresó que comparte la preocupación de la comisión por la permanencia de personas condenadas en el servicio público, pero que de acuerdo con el artículo 181 de la Constitución de la República al Consejo no le compete la rectoría del talento humano y, por tanto, no se le puede responsabilizar de este problema que se investiga.
No obstante, dio a conocer que ha emitido un oficio circular disponiendo a los administradores de justicia que notifiquen a las autoridades competentes las sentencias condenatorias ejecutoriadas en contra de personas que están laborando en el sector público, a fin de depurar y actualizar la documentación y ponerla en conocimiento del Ministerio de Trabajo y de la Contraloría.
Silvia Aguirre, directora nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, reveló que luego de revisar la información se han detectado 644 sentencias por violencia de género y 163 por diferentes delitos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público, a la vez informó que para actualizar la documentación se trasladarán a territorio, a fin de evitar errores.
En otro orden, por pedido del legislador José Chimbo los funcionarios del Consejo de la Judicatura expusieron la información sobre el proceso de evaluación a agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales.
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