Ley que facilita la Gestión de Riesgo de Desastres para dar seguridad y protección fue aprobada con 106 votos
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 106 votos aprobó el proyecto de Ley de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, el cual tiene como objeto normar los procesos para la planificación, organización y articulación de políticas y servicios para el conocimiento, previsión, prevención, mitigación; la respuesta y recuperación ante emergencias, desastres, catástrofes, endemias y pandemias. En las próximas horas, esta normativa será remitida al Ejecutivo para la respectiva sanción u objeción.
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Además, esta ley regula el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres para garantizar la seguridad y protección de las personas, las colectividades y la naturaleza, frente a las amenazas de origen natural y antrópico, con el objetivo de reducir el riesgo de desastres.
Sobre los cambios incorporados al proyecto, la presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Inés Alarcón explicó que el Estado garantizará la protección del patrimonio natural, que incluye las formaciones físicas, biológicas y geológicas; el sistema nacional de áreas protegidas; ecosistemas frágiles y amenazados, como páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros, frente a la ocurrencia de una emergencia o desastre de origen natural o antrópico.
La entidad rectora de gestión de riesgos establecerá la necesaria normativa y regulación para la administración y manejo de la asistencia humanitaria en todos los niveles.
Las Fuerzas Armadas brindarán todo el apoyo logístico para la respuesta y la distribución de asistencia humanitaria. El soporte para el funcionamiento y la operatividad del comité de operaciones de emergencia que se activará para la respuesta, se realizará a través de la plataforma tecnológica del Sistema Integral de Seguridad ECU 911.
La propuesta de Ley se justifica en que en los últimos 20 años se ha demostrado que el Estado ecuatoriano no ha actuado de manera eficaz para proteger a la ciudadanía y sus bienes; la falta de información técnico científica de los riesgos, poca inversión en proyectos de mitigación, insuficiente control en las construcciones y desarrollo urbano, nulas campañas de preparación de los ciudadanos, respuesta y atención a desastres de manera desordenada, una falta de planificación para la reconstrucción, reactivación y recuperación luego de los desastres, que es el resultado de la falta o ausencia de una normativa que defina la gestión de riesgos de desastres en el país.
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